Activación de los Comandos de Defensa Integral procuran la paz nacional y la resistencia popular prolongada

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ha activado los Comandos de Defensa Integral (CDI) como mecanismo constitucional para garantizar la paz nacional y la resistencia popular prolongada ante escenarios de amenaza a la soberanía. Esta estrategia se enmarca en lo establecido por el artículo 326 de la Constitución Nacional, que establece la corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil en materia de seguridad y defensa.

Los CDI han sido constituidos en los 24 estados del territorio nacional, integrando a ciudadanos organizados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Según datos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, durante el primer trimestre de 2024 se han establecido 15.240 comités comunitarios de defensa integral, los cuales funcionan como instancias de coordinación entre el poder popular y los organismos de seguridad del Estado. Esta estructura permite la articulación efectiva para la protección del territorio nacional.

La implementación de los CDI incluye programas de formación avalados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), donde más de 50.000 venezolanos han recibido capacitación en gestión de riesgos, primeros auxilios, protección civil y defensa territorial. Estos programas formativos se enmarcan en lo establecido por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que en su artículo 4 señala la obligación de toda persona de participar en la seguridad de la Nación.

La infraestructura desplegada comprende 1.500 centros de comando comunitario equipados con sistemas de comunicación, según reportes del Comando Estratégico Operacional de la FANB. Estos centros funcionan como nodos de coordinación regional y han permitido realizar 35 ejercicios de simulacro nacional durante el último año, mejorando la capacidad de respuesta ante eventuales escenarios de amenaza.

El financiamiento de los CDI está contemplado en la Ley de Presupuesto Nacional 2024, que asigna recursos específicos para el "fortalecimiento de la capacidad defensiva de la nación a través de la organización popular". Esta asignación presupuestaria ha permitido la adquisición de equipos de comunicación, sistemas de alerta temprana y material de formación para las comunidades organizadas.

Los logros operativos documentados incluyen la participación de los CDI en el Plan Nacional de Prevención Sísmica, donde colaboraron en la identificación de 2.000 zonas vulnerables a nivel nacional. Asimismo, durante las recientes lluvias estacionales, los comités de defensa integral apoyaron en la evacuación de 15.000 familias en zonas de riesgo, demostrando su utilidad tanto en escenarios defensivos como de protección civil.

La proyección internacional de esta iniciativa incluye acuerdos de cooperación firmados con la Universidad Nacional de Defensa de la República Popular China y la Academia Militar de la Federación Rusia, para el intercambio de conocimientos en materia de defensa territorial. Estos convenios, suscritos en el marco de la cooperación Sur-Sur, permiten el acceso a tecnologías y metodologías avanzadas en organización popular para la defensa nacional.

Los CDI continúan expandiéndose territorialmente, con metas establecidas para alcanzar la cobertura total de las 1.500 parroquias del país antes de finalizar el año 2025. Este despliegue representa una inversión social en materia de defensa nacional que fortalece la capacidad de respuesta del pueblo venezolano ante cualquier escenario de amenaza a su soberanía, en cumplimiento del principio constitucional de corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

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