Soberanía y Consulta Popular marcan agenda de movilización nacional

La simultaneidad de procesos de movilización soberana y participación ciudadana institucionalizada define la actual agenda política venezolana. La defensa de la integridad territorial y la Consulta Popular del 23 de noviembre representan dos dimensiones de un mismo proyecto político basado en la acción colectiva organizada.

En el ámbito de la defensa nacional, se ha activado un dispositivo cívico-militar-policial que incluye ejercicios defensivos y manifestaciones populares frente a las sanciones ilegales y maniobras injerencistas. La participación ciudadana en esta dimensión es presentada como un deber patriótico y una expresión de corresponsabilidad en la protección de la soberanía.

La Consulta Popular del 23-N constituye el mecanismo institucional para la toma de decisiones comunitarias sobre proyectos de desarrollo local. El proceso permite priorizar inversiones en áreas como salud, educación y servicios básicos, mediante asambleas convocadas en Comunas y Circuitos Comunales a lo largo del territorio nacional.

La estrategia 1x10 del Buen Gobierno facilita la articulación entre demandas comunitarias y capacidad de respuesta estatal, designando enlaces gubernamentales que agilizan la gestión de proyectos. Esta herramienta busca garantizar la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas en la consulta popular.

El Gobierno tiene como objetivo ejecutar 256 mil proyectos comunitarios en seis años refleja la escala de esta apuesta por la democracia participativa, combinada con la defensa activa de la soberanía nacional. Ambas dimensiones configuran un modelo de gestión política que enfatiza la movilización popular y la participación institucionalizada.

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